CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANÁLISIS

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO URBANÍSTICO

Lo que el foro participativo nos dejó...

Más dudas que certezas, más enojos que consensos.

De manera OnLine, se llevó adelante la segunda reunión del Foro Participativo Permanente -la primera se había concretado en noviembre de 2023- para abordar la propuesta de modificación del actual Código Urbanístico sancionado en 2018.


La convocatoria fue realizada por el Consejo Asesor Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Actuó como presentador del informe y moderador Aníbal del Olmo, Director de la Dirección General de Antropología Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a él estaba un equipo de funcionarios entre los que se encontraba Facundo Marzano Gallo, jefe de gabinete de la Dirección General de Planeamiento Urbano, que a lo largo del encuentro introdujo algunos comentarios sobre temas puntuales que se fueron abordando.

Debido a la gran cantidad de inscriptos, la reunión se subdividió en dos días, en la medida que sólo admitían hasta un tope máximo de 300 participantes.

La reunión contempló dos partes

PRIMERA PARTE. LINEAMIENTOS DEL PROYECTO

En los primeros minutos Del Olmo, apoyándose en una veintena de diapositivas, contó de manera somera, superficial y general algunos lineamientos del trabajo que viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Ciudad, que formarían parte de la propuesta de modificación del Código Urbanístico, que elevarían a la Legislatura para su tratamiento. Es de destacar que el funcionario no dio a conocer el texto del proyecto ni tampoco lo puso a disposición de los participantes.

La primera precisión que dio Del Olmo fue afirmar que no se trata de una modificación del CUR sino de un mero “Ajuste”, que surgió a partir del reclamo vecinal de la modificación.

Así, relató que hay siete asociaciones vecinales que presentaron espontáneamente proyectos de ley de modificación del CUR y otros 8 barrios que comparten al menos un aspecto de las problemáticas relevadas.

Sintetizó que partieron de esta realidad para hacer una evaluación participativa. Contó que se llevaron adelante “recorridas con vecinos y vecinas en 15 barrios de la ciudad y más de 30 reuniones de trabajo” detectando tensiones comunes y específicas de cada uno. De estas experiencias surgió un diagnóstico que evidencia problemáticas en:

• 1. Alturas y morfología.

• 2. Saturación de usos.

• 3. Retiros de frente.

• 4. Patrimonio.

A renglón seguido, Del Olmo relató en qué consistirá el “ajuste”, que se centrará en encontrar “el equilibrio urbano”, fomentar “la protección del patrimonio” e incorporar “el concepto de incentivo”, según sus propias palabras.

Dentro de este esquema se manejan algunos criterios particulares:

• 1. Diferenciar la identidad de los barrios de la identidad de los corredores, llegando a estas conclusiones a partir de estudio de la ciudad por sectores y segmentos, buscando distinguir qué identidad prima en cada uno.

• 2. Consolidar el desarrollo urbano en las subcentralidades urbanas donde se concentra la infraestructura de servicio, la matriz de transporte y la mejor cobertura de las necesidades de la vida cotidiana.

• 3. Repensar las transiciones normativas entre los barrios y los corredores evitando grandes saltos de altura.

• 4. Fomentar el completamiento de tejido y la conformación de una carpa homogénea evitando los gradientes en las manzanas.

• 5. Promover la conservación y revalorización del patrimonio urbano de la ciudad.

• 6. Incentivar la mixtura de usos para el desarrollo de las subcentralidades de escala barrial.

Traduciéndose en:

• 1. “Ajustar” las alturas en planchetas, priorizando las escalas barriales.

• 2. Impulsar el desarrollo del sur de la ciudad que tiene “espacio libre y vacante”, grandes terrenos disponibles, menos oferta inmobiliaria, menos demanda y densidad, a diferencia de la zona norte donde hay un mercado inmobiliario saturado, un desarrollo urbano más compacto, mayor demanda y oferta, y mayor densidad.

• 3. Para los barrios, se propone cuidar algunos indicadores: uso residencial unifamiliar, la altura del tejido existente, área libre por manzana (pulmón), retiros de frente de 3 metros y la huella tapiz.

Entonces, en respuesta a las tensiones relevadas, se “ajustarían”:

• 1. Alturas y morfología. En algunos barrios se ajustarán las alturas.

• 2. Ocupación del centro libre de manzana (pulmón). En USAB1 y 2 se propone disminuir la capacidad constructiva (ver cuadro)

• 3 Saturación de usos. En lo que respecta a la mixtura de usos, la única promesa sería “regular” la saturación de usos, aunque no explicó bajo qué parámetros. Y la nueva propuesta seguirá insistiendo en la mixtura de usos en toda la ciudad, evitando el zoning (antiguo código que distinguía las zonas comerciales, industriales y residenciales), promoverá la pluaralidad y garantizará la proximidad (concepto de ciudad de 15 minutos).

• 4 Retiros de frente. Se reconsiderarán los retiros de frente “en los barrios que tienen históricamente retiros”.

• 5 Patrimonio. Se intentará incorporar los 4.209 inmuebles que aún figuran en el catálogo preventivo, de los 9421 que están catalogados. Los otros 5.212 ya están incorporados con ley firme en el anexo I del Código Urbanístico).

A lo largo de su discurso, Del Olmo dejó claro que dentro de la metodología participativa, las reuniones con agrupaciones y/o vecinos autoconvocados, las dos reuniones del Foro Participativo Permanente (FPP) y las que se mantuvieron con la Comisión asesora (CA) son las únicas instancias de participación en esta etapa. Está pendiente la Audiencia Pública porque dado que se trata de una ley de doble lectura, el Poder Legislativo está obligado a convocar y escuchar la opinión de la ciudadanía.

SEGUNDA PARTE: PREGUNTAS Y DEBATE.

A lo largo de la siguiente hora las dudas, reclamos y preguntas se multiplicaron y la discusión de fondo pasó de los temas del propio Código Urbanístico a objeciones que tienen que ver con un principio básico del estado de derecho, el debido proceso y de la democracia participativa que establece la Constitución de la Ciudad.

Así lo dejaron explicitado varios participantes, al decir que estas convocatorias son parciales, segmentadas y discrecionales y uno de ellos directamente la catalogó como “fraude democrático” porque consideró que no se están abriendo las instancias establecidas en la Constitución de la Ciudad y en nuestro plexo normativo.

Tampoco faltó quien recordó que cuando se presentó el proyecto del Código Urbanístico que actualmente está en vigencia, hubo también una resistencia del Poder Ejecutivo de aquel entonces a someter a debate público y abierto la iniciativa. Y debió ser la Justicia, con interposición de medida cautelar mediante, la que determinó que los ciudadanos tenían derecho a participar y expresarse a lo largo del proceso.

Al respecto, el Observatorio de Derecho a la Ciudad en un reciente artículo lo trajo a la memoria:

“En el año 2016, en la causa carátulada "Baldiviezo, Jonatan Emanuel Y OTROS C/ GCBA S/ Amparo", Expediente Nª A24068-2016, la Jueza Elena Liberatori, dictó el día 24 de noviembre una medida cautelar ordenando al GCBA, en relación a la discusión del nuevo Código Urbanístico, que:

• "1. Elabore un cronograma de participación comunal. 

• 2. El GCBA asegurará la habilitación de canales participativos donde estén incluidos los representantes electos en los Barrios Vulnerados (villas) en cumplimiento de la ley 148. 

• 3. La convocatoria a las entidades comunales en todas las instancias de su participación. 

• 4. Ponga a disposición de los interesados la información referida a estudios, relevamientos y diagnósticos de la situación de la Ciudad, relacionada con el nuevo Código Urbanístico, y se haga saber lugar y horarios disponibles para su consulta en las mismas condiciones que sea formulada la convocatoria."

"La Jueza Liberatori, en una sentencia histórica, advirtió al gobierno que 'si solo se convoca principalmente a los empresarios que desarrollan proyectos inmobiliarios, que pertenecen a un sector de la sociedad (…) y se deja de lado a todo el resto de las instituciones, y representantes de las misma, que forman parte de la sociedad civil, las perspectivas a ser explicitadas en los nuevos Código Urbanístico y Código de Edificación tendrán un sesgo que no reflejará la posición que pueden llegar a manifestar los miembros del resto de la sociedad civil'”

Otro reclamo que se hizo presente de manera reiterada es que se ponga a disposición de la población el proyecto con todo su articulado, única manera de acceder a información fehaciente que permita un análisis pormenorizado y permita un debate sobre puntos concretos que hoy se desconocen.

Una crítica fuerte a los funcionarios fue el hecho de que no presentaron un dictámen ni documentación pública que acredite los monitoreos, las evaluaciones y mucho menos un borrador del proyecto de ley, que se debieron hacer.

Los participantes pusieron énfasis en que debería tratarse previamente la actualización del Plan Urbano Ambiental y la sanción del Código Ambiental (como mandó la Justicia) para que las modificaciones del CUR se ajusten a esas normativas.

Otras quejas fueron por el tratamiento que le están dando a los bienes patrimoniales que se traducen en demoliciones a pesar que se supone que son inmuebles protegidos.

Por supuesto, también hubo consultas sobre particularidades del Código Urbanístico que hoy están impactando de lleno a los barrios pero que parece que no se modificarán o si se lo hace, tampoco quedó claro bajo que parámetros. En este sentido, se puso sobre la mesa, qué va a pasar con la mixtura de usos y si se corre el riesgo que siga siendo un dolor de cabeza en los barrios residenciales, los enrases y las plusvalías son otras preocupaciones latentes que los funcionarios dijeron que permanecerán.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS QUE SE CORREN SI EL AJUSTE DEL CUR NO ES LA RESULTANTE DEL CONSENSO?

Como conclusión, y como lo expresamos en el título, esta reunión dejó más dudas que certezas y más enojos que consensos.

Y quienes de alguna manera atravesamos por la experiencia del debate previo que se dio a la sanción del presente Código Urbanístico, desearíamos que no se vuelvan a cometer errores similares a los del pasado.

Uno observa que a este paso, es posible que el “Ajuste” del Código Urbanístico se reintente impulsar “haciendo que se escucha a los vecinos” cuando en realidad no se les abren los verdaderos canales de participación que deberían haberse iniciado en los Consejos Consultivos Comunales y las Juntas Comunales (que tienen facultades concurrentes en esta materia) y continuarse con todas las expresiones sectoriales que puedan tener lugar, no sin antes proveer de información fehaciente y pormenorizada de todos los cambios en marcha.

Esto garantizaría que llegue a la Legislatura un texto consensuado que luego no se enfrente a conflictos sociales y nulidades en la justicia, por no haber respetado el Estado de Derecho y el Debido Proceso.

Al respecto, baste recordar que el 6 de mayo la jueza de primera instancia Lidia Liberatore declaró “la nulidad de las Leyes 6100 (Código de Edificación) y 6438 (en los artículos del código que lesionan el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad).

En un extenso fallo de 53 páginas la magistrada entendió que “los derechos de participación ciudadana fueron violados durante el procedimiento de doble lectura requerido para modificar el Código de Edificación, porque no se dio cabal cumplimiento a la Ley de Audiencias Públicas, a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.”

Esta medida si bien fue apelada por el Gobierno de la Ciudad deja un claro precedente que si no se respetan las instancias de la democracia participativa, los vecinos hacen reserva de sus derechos como ciudadanos.

Cuando las instituciones no saben, no quieren o no pueden resolver problemáticas a través de legislaciones y políticas públicas eficientes y eficaces, en este caso, la planificación urbana, se producen deterioros en la calidad de vida de los habitantes por transformaciones que la mayoría de las veces se tornan irreversibles y empujan a procesos de gentrificación expulsando a los habitantes de su lugar de residencia, también habilitan, y este no es un dato menor, a una inseguridad jurídica que ningún inversor, emprendedor ni desarrollador desea atravesar porque pone en riesgo su capital y oportunidades de negocio.

De manera tal, que lo más saludable es, y aún estamos a tiempo de ello, que no se incurra en los mismos errores que llevaron a vecinos de 18 barrios a salir a reclamar, organizarse y estar decididos a cambiar un Código Urbanístico que consideran que está destruyendo su hábitat.

Quienes entienden del tema, dejan un último interrogante: con el actual CUR los desarrolladores ya están autorizados a construir 42.000.000 m2, de los cuales solo se llevan construidos poco más de 6.000.000 m2. Si no se declara la emergencia urbanística y ambiental para rever estas autorizaciones, aún cuando la modificación del CUR implicara mejoras sustanciales para los vecinos, ¿Se traducirán en el corto y mediano plazo en obras concretas o durante muchos años se seguirá construyendo bajo la normativa de este código que se pretende “ajustar”?.

Por eso, hay expertos que argumentan que si el “ajuste” se limita a una medida gatopardista (cambiar algo en la letra de la ley, para que nada cambie), el conflicto no solo no va a desaparecer sino que se va a acrecentar. A la par, como este “ajuste” del código no tiene en cuenta una planificación de mediano y largo plazo -porque no se actualizó el PUA y no se sancionó el Código Ambiental-, no ponderan los dos grandes riesgos que la crisis climática puede ocasionar a nuestra ciudad, como son las inundaciones y las olas de calor que se potencian con la cementación y la ausencia de tierras absorbentes, y que sumados a otros problemas de infraestructura y deficiencias de servicios públicos, podrían acarrear consecuencias que hagan que nuestra ciudad se torne en inviable en el término de los próximos 10 años.