NOTA DE TAPA
AGUA QUE HAS DE BEBER…
DEBES PROTEGER
Escribe: Lic. MÓNICA RODRÍGUEZ - Dirección
Pero imaginarlo no resulta tan difícil para aquellos que en los últimos años de manera esporádica o de forma cada vez más reiterada les ha tocado padecer la falta de agua por el solo hecho de habitar en un edificio de altura donde el suministro llega a partir de tanques comunes que se abastecen mediante el funcionamiento de bombas. Cuando éstas dejan de funcionar debido a cortes medianamente prolongados de electricidad, se agotan las reservas y comienzan a desencadenarse situaciones casi dantescas que nos hacen darnos cuenta de la verdadera dimensión e importancia de este recurso vital.
Pero lo cierto es que, si bien para la inmensa mayoría de los porteños el acceso al agua potable es considerado casi un derecho “natural”, para otros, incluso que viven dentro de los límites de nuestra propia ciudad, resulta ser un recurso tan escaso que pone en riesgo la salud y la vida. Por supuesto, la problemática se acrecienta en el conurbano bonaerense y ni hablar lo que sucede en ciertas provincias de nuestro país y a nivel planetario.
Volver la mirada sobre este tema y lo que podría deparar el futuro en el contexto de la actual crisis climática y la necesaria adaptación a un nuevo escenario mundial, resulta un ejercicio que todo ciudadano debería hacer a los fines de exigir que esté dentro de las máximas prioridades en la agenda pública.
EL MUNDO…
Más del 40% de la población mundial sufre escacez de agua. Las reservas de agua potable están disminuyendo en todo el planeta. El estrés hídrico, las sequías y la desertificación son cada vez más comunes.
Para 2050 se prevé que al menos una de cada cuatro personas sufra escasez recurrente de agua.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de Naciones Unidas quiere garantizar agua potable, segura y asequible para todos en 2030. Para lograrlo, es imprescindible partir de la defensa y protección de fuentes de agua dulce naturales, la inversión en infraestructura que garantice almacenamientos de aguas seguras y concientizar sobre el uso responsable del agua.
Al respecto, el Banco Mundial acaba de emitir un informe titulado “Qué nos depara el futuro: Un nuevo paradigma para el almacenamiento de agua”. Desde estas páginas alerta que en los últimos 50 años las reservas naturales de agua han disminuido en alrededor de 27 billones de m3, al tiempo que la población se ha duplicado, llegando en la actualidad a superar los 8.000 millones de almas que pueblan la Tierra.
Y a “medida que los fenómenos climáticos extremos se intensifican, el almacenamiento de agua se vuelve una herramienta cada vez más crucial para lograr la adaptación al cambio climático y para hacer frente a otros desafíos relacionados con el agua”, agrega el documento.
La investigación comparte los siguientes datos:
“• En los últimos 20 años, 1430 millones de personas se vieron perjudicadas por sequías (Browder y otros, 2020). Debido a la escasez de agua, el crecimiento de los países puede reducirse hasta un 6 % (Banco Mundial, 2016). Para los pobres, los efectos negativos pueden durar generaciones.
• Durante las últimas dos décadas, al menos 1650 millones de personas de todo el mundo padecieron inundaciones, lo que representa un aumento del 24 % respecto de las décadas anteriores (Browder y otros, 2021; Tellman y otros, 2021; Centro de Investigación sobre Epidemiología de los Desastres [CRED] y Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres [UNDRR], 2020). Las proyecciones indican que, para 2030, 180 millones de personas más se verán directamente afectadas por inundaciones (Tellman y otros, 2021).
• Más allá de los fenómenos extremos, la crisis climática está generando precipitaciones menos previsibles y más variables, por lo que el suministro de los servicios cotidianos, como el abastecimiento de agua confiable en zonas urbanas, se vuelve más difícil, la productividad de los agricultores se reduce, y se desalienta la inversión económica y la creación de empleo.”
Tomando este marco como referencia, la tesis plantea que resulta crucial estudiar y poner en práctica un almacenamiento de agua que garantice tres servicios principales: mejora la disponibilidad de este recurso, reducir los impactos de las inundaciones y permitir regular los flujos de agua para respaldar los sectores de energía, transporte y otros.
Para ello es imperioso aunar esfuerzos y promover soluciones integradas de almacenamiento de agua -naturales, construidas e híbridas- con el objetivo de satisfacer las diversas necesidades humanas, económicas y ambientales del siglo XXI, partiendo de un primer paso que es reconocer que la naturaleza es una parte, la más importante, de la solución, dado que más del 99 % del almacenamiento de agua dulce de la Tierra se encuentra en la naturaleza, pero la investigación advierte que esto no puede seguir dándose por sentado.
Las crisis climática modifica los escenarios y a veces una sola catástrofe puede borrar de un plumazo trabajos y mejoras que llevaron años. Por lo tanto, es necesario reconocer colectivamente que el almacenamiento natural (las aguas subterráneas, los humedales, los glaciares y las reservas de humedad en el suelo) son fundamentales para la supervivencia, por lo que se las debe proteger y gestionar con una enorme responsabilidad. Saber lo que tenemos es el primer paso para tomar conciencia del valor de la naturaleza y dejar de agotarla innecesariamente, como ha sucedido durante décadas en muchas partes del mundo.
En segundo lugar, para hallar verdaderas soluciones el informe recomienda modificar los enfoques actuales que llevan adelante políticas compartimentadas y aisladas que resultan insostenibles e ineficientes a largo plazo porque no garantizan la sustentabilidad. Una planificación deficiente del almacenamiento de agua tiene consecuencias costosas. Los múltiples sistemas compiten entre sí y prestan servicios diferentes a distintas partes interesadas, a menudo separadas por límites o fronteras, lo que conduce a un desarrollo descoordinado, a desacoples y a la reducción de los beneficios totales. Por otro lado, no siempre se comprenden bien los costos, los beneficios, los riesgos y las incertidumbres antes de decidir sobre una inversión. Como resultado, no siempre se minimizan o mitigan los impactos negativos en las personas y el medio ambiente, y las soluciones no se elaboran teniendo en cuenta la equidad distributiva.
El documento propone ir hacia un enfoque integrado, y una planificación sistémica centrada en los problemas para el almacenamiento de agua (natural, construido e híbrido), que incluye herramientas prácticas —desde la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre hasta las técnicas de planificación integrada— que pueden contribuir a simplificar procesos, facilitar la colaboración y ofrecer soluciones resilientes, sostenibles e integradas diseñadas para respaldar a las mayorías durante muchas generaciones.
ARGENTINA
El primer trabajo y más urgente es que Argentina atienda la defensa y protección de sus recursos naturales. Los miles de kilómetros cuadrados de bosques que se fueron y se siguen desmontando a lo largo y a lo ancho de nuestro país para extender las fronteras agropecuarias y de diversas explotaciones económicas sin ningún tipo de control estratégico por parte del Estado está arrasando con vastos ecosistemas, acelerando la crisis climática con avances de la desertización, achicamiento y desaparición de glaciares, reducción de la presencia de humedales y la contaminación de acuíferos por obra del uso intensivo de fertilizantes y productos químicos. Todo esto conlleva a disminuir sustancialmente las reserva de agua dulce.
En materia de infraestructura, el Ministerio de Obras Públicas de la República Argentina informa que el sector de agua y saneamiento presenta brechas significativas en materia de cobertura, calidad y eficiencia. En base a estimaciones de la propia repartición, en 2019 el 88% de la población urbana contaba con acceso a agua potable por red y el 63% a cloacas. Sin embargo, el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) identificó que, en el caso particular de dichos barrios, el acceso formal a los servicios de agua y cloaca alcanza sólo al 11,6% y 2,5% de su población, respectivamente. Por otra parte, cerca de 2,6 millones de personas habitan en zonas rurales dispersas, con un alto déficit en el acceso a servicios básicos, donde un 11% recolecta agua superficial y un 18% utiliza hoyos o excavaciones al aire libre.
Se estima que el déficit de agua potable gestionada de forma segura alcanza al 20% de la población argentina, pero cuando se observan los números con más detalle, en la segmentación aparece claramente la desigualdad y son los menores de edad los que más sufren el déficit de agua potable, duplicándose los índices dentro de ese grupo: el 39,9% de quienes no tienen garantizado el derecho a agua son niños y niñas de 5 a 11 años, y al mirar por niveles de ingresos, se registra que el 72,5% es de los niveles socioeconómicos muy bajo y bajo.
Para hacer un análisis más pormenorizado resulta interesante el trabajo que lleva adelante “Plataforma del Agua”. Ellos han realizado un mapeo que permite relevar tres tipos de información, que cruza la infraestructura básica, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y las urgencias de gestión. A primera vista, un semáforo que va desde color rojo a verde mide la gravedad de los problemas asociados al acceso del agua y saneamiento de un distrito. Las regiones que requieren una inmediata atención son las ya históricas situaciones del norte y del oeste del país, mientras que en la provincia de Buenos Aires las necesidades se concentran en el conurbano.
Dentro del plan que el gobierno nacional lleva adelante, promete que 2030 se alcanzará el 98% de acceso al agua potable por red para las zonas urbanas formales. En el caso particular de los barrios populares, se espera llegar a una cobertura formal de 68%. En las zonas rurales agrupadas, se estableció la meta de 97% de agua potable por red y para zonas rurales dispersas se espera alcanzar una cobertura del 98% de agua segura, incorporando otras fuentes mejoradas a la red, como por ejemplo perforación o recolección de agua de lluvia, y del 85% de saneamiento seguro.
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Nuestra ciudad ostenta en esta materia una situación de privilegio en relación al resto del país. Sin embargo, no queda exenta de un mapa que también revela la desigualdad y una dinámica de crecimiento que puede poner en riesgo la sustentabilidad de la distribución del recurso a largo plazo.
Retrocediendo en la historia, los primeros proyectos de saneamiento para la ciudad de Buenos Aires fueron llevados a cabo por John Coghlan, y más tarde por el ingeniero Bateman, ( 1869-1880), luego que epidemias como el cólera, viruela, escarlatina y fiebre amarilla ocurridas entre 1867-1871 tuvieran como costo un tendal de muertes que podrían haberse evitado si la ciudad hubiera tenido un mejor sistema de saneamiento y acceso a aguas seguras.
Para 1912, Buenos Aires contaba con una ambiciosa red que garantizaba la distribución del agua potable hasta los confines de sus límites. En esos años, en barrios como Villa Devoto se inauguraba la bomba que está ubicada en Av. Beiró y Mercedes, que hasta el día de hoy sigue prestando servicio.
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| Fuente: PLATAFORMA AGUA |
Ha pasado más de un siglo y el último censo nacional revela que vivimos en esta ciudad poco más de 3.100.000 habitantes, un 7,97% más que en el censo de 2010. En ese mismo lapso de tiempo se construyeron más de 10.000.000 de metros cuadrados que vinieron a sumarse a los 18.000.000 de metros cuadrados construidos entre el año 2001/2010. Pero la infraestructura de servicios públicos (electricidad, gas, red de agua potable, cloacas) sobre todo en estos zonas residenciales como la nuestra sigue siendo prácticamente la misma desde sus orígenes y muestra condiciones de obsolescencia que se ven agravadas por falta de mantenimiento adecuado. De modo tal que la infraestructura de servicios básicos es incapaz de acompañar el crecimiento edilicio que está teniendo un efecto multiplicador aún mayor a partir del nuevo código urbanístico sancionado y vigente desde el año 2018.
Las pruebas están a la vista. Un ejemplo lo dimos al comienzo de nuestro artículo cuando mencionamos los vecinos que se quedan sin agua en los edificios de altura a partir de los reiterados cortes de luz y padecen todo tipo de consecuencias, pero también podríamos referirnos a la baja de presión de agua producto del mayor consumo que trae aparejado el aumento de la densidad poblacional.
Según la Plataforma Agua, 19.131 hogares de la ciudad de Buenos Aires tienen necesidades básicas insatisfechas de acceso al agua, la mayoría de estos hogares está en barrios vulnerables donde viven aproximadamente 400.000 personas, un porcentaje de ellos no accede al agua dentro de sus viviendas y deben recurrir a canillas comunitarias, informales o ser asistidos por empresas tercerizadas.
En este sentido, lo explican muy bien la ingeniera María Eva Koutsovitis y el abogado Jonatan Baldiviezo en el artículo “Mercantilizar la sed”, publicado en la página del Observatorio de Derecho a la Ciudad, donde detallan la dinámica de suministro de agua en estos barrios vulnerables: “La ciudad tiene concesionado el servicio de abastecimiento de agua potable en las villas porteñas mediante camiones aguateros. Las familias, a través de un número telefónico, solicitan la asistencia de agua potable, el GCBA traslada el reclamo a la empresa concesionada y sin ningún tipo de control ni trazabilidad del servicio la gente —en particular las mujeres— esperan sin ninguna previsibilidad de día ni horario que el camión aguatero se presente”. Según estos mismos autores… “Si los fondos públicos destinados durante la última década a gestionar precariamente la emergencia, se hubieran destinado a obras adecuadas debidamente planificadas, habrían resuelto definitivamente el problema en la mayoría de las villas. Según datos oficiales, la población porteña que habita en villas pasó de 107.000 habitantes en 2001 a 300.000 en 2015, y actualmente se estima que alcanza las 400.000 personas, situando a la ciudad de Buenos Aires como una de las pocas capitales del mundo que retrocede los alcances de cobertura de agua potable segura y formal con relación a la población.”
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