NOTA DE TAPA

EDITORIAL

ENERGÍA

Equidad y Mercado

En búsqueda del justo equilibrio

Nadie duda que la energía es un factor fundamental tanto en el desempeño de la vida de una persona como en el despliegue del potencial productivo de un país.

Argentina es uno de los pocos países privilegiados del mundo con capacidad para generar energía a partir de recursos naturales convencionales no renovables, como son los que devienen del petróleo y el gas, y de recursos naturales no convencionales o renovables que se encuentran en la naturaleza en cantidades ilimitadas (el sol, el viento, las olas y las mareas, el poder del agua y el calor de la tierra).

Y esto es así desde el descubrimiento de los primeros pozos petrolíferos y gasíferos en Comodoro Rivadavia en 1907 hasta el autoabastecimiento que durante décadas alcanzó nuestro país; más aún con el reciente hallazgo y comienzo de explotación en Vaca Muerta cuyos yacimientos equivalen a más de 500 años de reservas respecto al consumo energético actual de Argentina y nos sitúa como el tercer país en la posesión de recursos de hidrocarburos no convencionales, detrás de Estados Unidos y China-.

Por su parte, las energías renovables nos abren infinitas posibilidades a partir de todas nuestras fuentes naturales no sujetas a agotamiento: el sol ideal de nuestro norte argentino produce una radiación como en casi ningún otro lugar del mundo permitiendo una alta productividad de las plantas solares; los vientos de nuestra Patagonia hacen volar los molinos a su máxima potencia, el vigor de nuestras olas y mareas podría ser una usina mareomotriz teniendo como epicentro las excelentes condiciones que ofrece la Península de Valdez, el poder del agua de nuestros ríos para generar energía hidráulica, el calor de la tierra (energía geotérmica) y el biodiesel producido a partir de la biomasa (residuos combustibles de origen biológico derivados de la agricultura).

A tal punto las energías renovables están tomando impulso de la mano de fuertes inversiones en el sector, que se estima que para el año 2025 el 20% de la oferta eléctrica estará cubierto por la generación de energía a partir de estas fuentes.

A prima facie, cualquiera que ve estos datos imagina que esta riqueza energética debería servir para fomentar el desarrollo gracias al influjo que estas ventajas cualitativas y cuantitativas podrían ejercer en el aparato productivo de un país en su dimensión industrial, comercial, servicios y hasta en los avances científico y tecnológico que vendrían de la mano de la investigación vernácula.

También es dable suponer que con semejante cantidad de recursos disponibles la población debería tener garantizado el derecho humano a acceder a un mínimo necesario de energía y a cada uno de los servicios públicos para el disfrute de un hábitat adecuado y de una vida digna con independencia de sus capacidades económicas.

Lejos de ello, hoy el acceso a la energía se ha transformado en bien “de lujo” a través de múltiples tarifazos que están ahogando a las familias a punto de poner en riesgo su capacidad económica para acceder a los bienes más indispensables hasta obligarlos a cortar los servicios por incapacidad de pago o la nueva tendencia de colocarles “modernos” medidores pre-pagos en las zonas donde reside la población en mayor estado de vulnerabilidad, quienes contrariamente a toda lógica se ven compulsados a adelantarle dinero a las compañías proveedoras de energía a cuenta del futuro consumo del servicio indispensable.

Del mismo modo, de la mano de facturas impagables muchas de nuestras empresas, fundamentalmente Pymes se están viendo jaqueadas y están las que ya tuvieron que bajar las cortinas definitivamente.

Recorramos algunos números. Según el Observatorio de Derecho a la Ciudad, desde el inicio del año 2016 los incrementos acumulados de los servicios públicos domiciliarios fueron, en promedio, del 2057% en gas natural, 1.491% en energía eléctrica y 1.000% en servicio de agua potable. En paralelo, en el mismo período si comparamos los ingresos interanuales de la mayoría de los trabajadores poniéndolos en relación a los índices inflacionarios de los últimos años, se observa una caída abrupta en términos reales. Es así como el costo para acceder a los servicios públicos domiciliarios pasaron de representar un 6% del salario mínimo al 23%. En Europa se considera que una familia está en situación de pobreza energética si el 10% de sus ingresos es destinado al pago de los servicios públicos.

Esta dura realidad empujó a un sector de la población a manifestarse en los “ruidazos” con diferentes niveles de adhesión según las esquinas y los barrios donde se autoconvocan. Buscan hacerse escuchar por sus representantes y por una clase dirigente que en algunos casos parece no estar consciente de estas realidades y en otros, indiferente al sufrimiento de muchos.

Pero, cuál es la causa de fondo de estos tarifazos? La Asociación Consumidores Libres advierte que obedecen “a la quita parcial de subsidios, la dolarización de la tarifa, la inflación y la falta de información fehaciente sobre el verdadero precio del gas en boca de pozo”.

Y muchos se preguntarán, hay opciones? Siempre las hay.

Podemos seguir por este camino, considerando que la energía es una mercancía transable más y entonces es lógico suponer que el eje esté centrado en garantizar una alta rentabilidad a las compañías energéticas y en la producción de excedentes exportables, aunque ello implique el padecimiento de las familias hasta el punto de dejarlas caer del sistema y que vuelven a vivir como en la Edad Media (alumbrándose a vela y calentándose con leña), sumado a altos condicionamientos para nuestro sistema productivo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

O se puede imponer otra mirada, que considera que la energía es un Bien Social y el acceso a ella un Derecho humano, además de ser un recurso estratégico para el desarrollo de nuestro país. Desde esta perspectiva, el Estado ejercerá un rol fundamental. Sus regulaciones estarán orientadas a implementar políticas públicas de corto y mediano plazo que permitan el desarrollo sustentable del sector energético sin quitarle la provisión adecuada al mercado interno, tanto al sector residencial como al sector productivo, con tarifas razonables según los costos de producción local (no de precios internacionales dolarizados).

¿Usted qué opina?

Lic. Mónica Rodríguez