EDITORIAL

NOTA DE TAPA

EL FUTURO LO CONSTRUIMOS HOY

Cada sociedad tiene una mirada diferenciada de sus adultos mayores, del papel que le asignan y del rol que ellos cumplen en sus comunidades. 

¿Cuál es el que les damos en Argentina?

Escribe: Lic. MÓNICA RODRIGUEZ – Dirección

En la dinámica social Argentina se está impulsando un proceso de cambios que parecen trascender la dimensión política y económica para calar en aspectos más estructurales.

Quienes ya tenemos unos años y pasamos la barrera de los `50 sabemos que nada nuevo brilla bajo el sol y a veces uno tiene la sensación de estar dentro de una sala donde le vuelven a pasar películas ya vistas.

Así, hoy se vuelve a imponer en el debate público tres reformas trascendentes: laboral, previsional e impositiva.

En el tapete está una situación fiscal (de la Nación y las provincias) cada vez más apremiante y un endeudamiento externo que sube aceleradamente. Frente a ello las autoridades se centran en la necesidad de ajustar para que las cuentas públicas cierren o al menos paulatinamente vayan estando mejor.

Esta mirada economicista a prima facie es pragmática y razonable. No podemos seguir endeudándonos en forma eterna, hay que “apretarse el cinturón” (dirían nuestros padres). Esta es una cara de la realidad.

Pero hay otra, una cara más oculta, lacerante y erosiva para la estructura de cualquier nación que aspire a desarrollarse como es la creciente deuda interna que indubitablemente y desde hace décadas los sucesivos gobiernos no supieron saldar y frente a los “ajustes” se incrementa. Los últimos datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA indican que el 31,4% de los argentinos son pobres (13,5 millones), mientras el 5,9% son indigentes (2,5 millones). Dentro de estos números, el 48% de pobres son niños de entre 0 y 14 años. La situación de los adultos mayores es igual o aún más compleja. No podemos soslayar que estas cifras se dan a pesar de políticas públicas que contemplan la Asignación Universal por Hijo -que la actual gestión amplió a monotributistas- y a la declaración de Emergencia Social que buscó apuntalar a los más vulnerables.

En este contexto hoy se está discutiendo la reforma previsional que ya obtuvo media sanción en el Senado y parece que va a ser aprobada en diputados días más, días menos. El cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria significaría que los beneficiarios verían resentidos sus ingresos con aumentos más magros que se verían traducidos en jubilaciones y pensiones mínimas que irán alejándose cada vez más de la posibilidad de cubrir una canasta básica que actualmente ya está un 50% por debajo de lo que debería ser. La misma fórmula se aplicaría a la AUH con resultados similares.

En términos económicos la nueva ley le permitiría al Estado “ahorrar” alrededor de $100.000 millones ó mas.

Si bien la ley tiene como destinatarios directos a los jubilados, pensionados y a las familias que perciben la AUH, la medida no es inocua para el mercado interno porque esos ingresos que le restan a los mencionados ya no se volcarán al consumo. De esta manera, invariablemente el ajuste tendrá un correlato indirecto en la cadena comercial y productiva. Pero esta no es más que una apreciación superficial y coyuntural.

Es una verdad de perogrullo que cuando un Estado define sus políticas económicas debe establecer prioridades, éstas irremediablemente se traducen en una determinada distribución del ingreso.

Hay otro análisis que quisiera compartir con ustedes: cada sociedad tiene una mirada diferenciada de sus adultos mayores, del papel que le asignan y del rol que ellos cumplen en sus comunidades.

Aquellos Estados que consideran a los adultos mayores como una carga social, limitan sus políticas y las orientan exclusivamente a atender las necesidades más básicas y elementales.

Aquellos países que ponderan el valor del adulto mayor y lo mucho que éste tiene para dar a la sociedad en la cual se desenvuelve, van mucho más allá. En éstos, la persona mayor adquiere otra dimensión y su función social tiene un sentido especial. Son sociedades que reconocen los derechos de los ancianos y se abocan a generar políticas públicas con PROYECTOS SOCIALES que incluyen a esta franja etaria. Esto se traduce en una prolongación de la expectativa de vida acompañada de una mejor calidad y más inserción social del adulto mayor. La contracara es un conjunto social que se retroalimenta y se ve enriquecido con los aportes que sólo puede otorgar la experiencia y la sabiduría que dan los años.

Los derechos humanos están directamente relacionados con la justicia social y el bien común se realiza plenamente cuando los ciudadanos están conscientes de sus prerrogativas para que el Estado cumpla su misión unificadora de proteger los intereses y esfuerzos de todos.

La participación en la vida y en la organización de la comunidad política reafirman el deber de acatar un ordenamiento que torne a nuestros mayores actores menos vulnerables.

Aquí juega la responsabilidad y la comprensión del valor de la dignidad en el eslabón familiar y comunitario que representan nuestros adultos mayores, no sólo por la edad sino por la trascendencia y justo merecimiento que deben reflejarse en actitudes de cariño, protección y respeto hacia ellos.

Nuestros mayores son nuestro tesoro, invaluable en términos económicos pero fundamentales si nos nutrimos de sus experiencias y saberes para ponerlas al servicio de la comunidad. De nosotros depende, capitalizarlas o dilapidarlas.

Suenan justas entonces las palabras de Francisco I: «Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro».