ACTUALIDAD

CRISIS ENERGÉTICA

LA POLÍTICA DEL GRAN BONETE

“Yo señor…, no señor”… ¿Y la solución quién la tiene?

Vivimos un diciembre caliente, en el que la temperatura ambiente fue sólo un ingrediente más en un escenario que se transformó en un verdadero hervidero.

Al nerviosismo propio de fin de año, se sumó ni bien despuntó el mes un conflicto salarial con las fuerzas de seguridad locales que terminó en saqueos, desbordes y muertes en más de veinte provincias argentinas.

Sobre ello se montó una nueva crisis energética,  que se sucede cada vez con más frecuencia y se extiende como una mancha afectando en cada oportunidad a más usuarios por lapsos más prolongados.

Las causas? una infraestructura instalada vetusta, mala gestión, falta de inversión, imprevisión, escasa transparencia, ausencia de control estatal, permisos de obras de altura nuevas que suman unidades habitacionales en un contexto que no prevé el crecimiento sustentable, uso desmedido que nos lleva a picos de consumo a partir de una población que no ha forjado conciencia en torno al valor del ahorro y uso responsable del recurso.

Esta última emergencia eléctrica que comenzó con cortes esporádicos ya a principios de diciembre se intensificó en las últimas semanas del mes hasta llegar a contar a más de 800.000 damnificados sólo en la ciudad de Buenos Aires y conurbano y aún hoy se prolonga con miles de afectados en múltiples barrios de esta ciudad, llegando a contabilizar usuarios que llevan más de 10 días continuos sin energía.

Las consecuencias? Los cortes de suministro traen aparejado un cúmulo de efectos que ya todos sabemos y repetimos hasta el hartazgo: falta de agua en inmuebles de altura con la consiguiente contaminación, condiciones de vida que después de varios días se vuelven insostenibles y se ven agravadas con las altas temperaturas; gente atrapada en los pisos superiores de edificios que se convierten en trampas mortales para personas mayores, discapacitadas y enfermas debido a la inmovilización de los ascensores; comerciantes que pierden toda su mercadería y se ven imposibilitados de trabajar por días y días, centros de salud que no pueden atender a sus pacientes, y la cuenta sigue…

Frente a esta realidad las empresas distribuidoras de energía, los entes reguladores, los ministerios y hasta los celulares de “asesores ministeriales” difundidos ampliamente por los medios de comunicación masiva ni siquiera atienden. En el mejor de los casos y con mucha suerte un cliente paciente puede estar horas llamando y quizás en algún momento de la madrugada una “máquina” le responda para darle un número de reclamo en forma automática o una voz humana lo atienda en el Ministerio de Planificación para indicarle que trasladarán el reclamo a la empresa correspondiente.

La inacción y la falta de las más mínimas y elementales respuestas empujó a miles de usuarios a las calles para transformarse en “vecinos piqueteros” que buscan a través de este último recurso hacerse ver y escuchar.

Piquetes que se multiplican y terminan colapsando una ciudad que ya de por sí está complicada.

Mientras  tanto, la mayoría de los funcionarios parecen vivir en una Argentina de otra dimensión. Están los que niegan la crisis energética, otros prefieren indicarle a los usuarios “arreglarse con las empresas”, los que proponen que cada edificio se compre su propio generador y los que ni hablan. Sin contar los que abogan por los aumentos de tarifas como una mágica solución al problema. Sólo un diputado de la ciudad se atrevió a presentar un proyecto en la Legislatura porteña proponiendo se declare la emergencia eléctrica, aunque no obtuvo el acompañamiento de sus pares en tamaña urgencia.

Nuestros representantes y mandatarios parecen obviar y olvidar que el suministro eléctrico es un SERVICIO PÚBLICO BÁSICO. Y que se llegó a esta crítica situación debido a la falta de gestión, transparencia y control del Estado.

En estos días se anuncia pomposamente la aplicación de multas comunes y extraordinarias a las empresas distribuidoras como forma de resarcimiento (lo mismo se dijo en abril cuando la emergencia hídrica dejó a miles de usuarios hasta 15 días sin luz), una verdadera “gota en el desierto” que no sirve para paliar ni lejos los pérdidas materiales, el lucro cesante, el daño a la integridad física, psíquica y moral de los que vieron colapsar su vida por esta contingencia. Y lo que es peor ni las empresas prestatarias ni el Estado informan a la población el real estado de situación y mucho menos como piensan encarar las obras imprescindibles para dar una solución de fondo y los plazos que estas requerirán para que ante cada eventualidad no nos volvamos a sumergir en una nueva pesadilla.

Especialistas en el tema dicen que se necesitarían 2.000 millones de dólares de inversión para reconvertir la actual infraestructura y transformarla en un sistema seguro y actualizado.

Lo lamentable es que el gobierno nacional lleva otorgados desde el año 2006 a la actualidad  600.200 millones de pesos en subsidios destinados principalmente a la energía, transporte, el agua potable y el saneamiento. Subsidios que pudieron ser entregados gracias al aporte de los habitantes que cumplen con sus obligaciones fiscales. Es decir, vía tarifas, vía impuestos y subsidios extraordinarios no retornables otorgados por el Estado, las empresas percibieron ingresos suficientes para brindar un servicio que debería ser de calidad. Baste saber que EDENOR ha sido de las empresas que más ha ganado en el país en los primeros nueve meses del año.

Saque el lector sus propias conclusiones.
Como ciudadanos nos queda aceptar y resignarnos a esperar que la última lamparita se apague o reaccionar comenzando a exigir en forma orgánica ante cada uno de los estamentos que corresponda respuestas y soluciones permanentes.