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 FALLO JUDICIAL

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DEBERA GARANTIZAR ACCESIBILIDAD EN TODAS LAS ESCUELAS DE SU JURISDICCIÓN

La justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la demanda iniciada por Acceso YA y obliga al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cumplir con la accesibilidad al medio físico en todo establecimiento educativo.
A tal fin, el Gobierno deberá, entre otras medidas, presentar en un plazo máximo de 240 días un plan de obras para readecuar las escuelas públicas.

En salvaguarda de derechos esenciales (derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la educación, entre otros) garantizados en tratados internacionales, en la Constitución Nacional y de la ciudad de Buenos Aires, así como de leyes nacionales y leyes locales , LA ONG Acceso YA., con el patrocinio jurídico de la Comisión Pro Bono e Interés Público del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el asesoramiento legal de la R.E.D.I (Red de los Derechos de las Personas con Discapacidad) y el asesoramiento técnico arquitectónico de Fundación Rumbos, presentó una acción de amparo contra el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que implemente las medidas necesarias que garanticen accesibilidad en las escuelas tanto públicas como privadas.

Para ello, oportunamente, se aportaron a la causa diversos informes técnicos que determinaron fehacientemente que el 95% de las escuelas privadas y 75% de las escuelas públicas porteñas no cumplen ni siquiera con condiciones mínimas de accesibilidad: no cuentan con rampas de acceso para que ingrese una persona en silla de ruedas, carecen de ascensores y baños adaptados. Situación que deja afuera del sistema educativo a 21.000 niños con discapacidad en edad escolar.
Al hacer lugar a la demanda, la Jueza a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, Elena Liberatori, respaldó su decisorio en los derechos del niño, la igualdad ante la ley, la no discriminación y en el sistema de protección internacional, nacional y local de las personas con discapacidad. 

Cabe destacar, al igual que lo hace la magistrada en los fundamentos del fallo, los análisis y conclusiones a las que arriba el Asesor tutelar interviniente, Gustavo Moreno, quien expresó en su dictamen: “[…] La demandada debe reconocer que tiene la obligación constitucional de lograr la integración de los niños/as con necesidades especiales, los cuales deben desarrollar su vida cotidiana en un ámbito sin las llamadas barreras arquitectónicas urbanas, por ello el Estado tiene la obligación de eliminarlas, o bien si no se puede por ciertos motivos, debe utilizar los elementos mecánicos existentes para salvarlos o franquearlos de acuerdo a la normativa vigente; lo que la Ley Nº 962 denomina adaptabilidad. La escuela debe ser el lugar donde todo niño/a sin importar su condición física desarrolle sus capacidades, ejerciendo sus derechos y libertades a fin de crecer y madurar como persona, y no ser bajo ningún punto de vista un lugar donde sus dificultades se vean agravadas por culpa de la Administración que omite cumplir con sus obligaciones establecidas en la ley; tal cual ha quedado plasmado en los presentes autos[…]”, y agrega: “ […] La demandada en lugar de adoptar las políticas públicas …, diariamente los expone a situaciones de discriminación, vulnerabilidad, inseguridad y violación a todos sus derechos humanos, no permitiendo que ellos en sus escuelas realicen sus actividades como cualquier otro niño, sino que al no cumplir con la normativa aplicable al caso convierte a la escuela en un ámbito cruel y desigual. La Administración parece no comprender que para que una ley se cumpla y los derechos humanos se puedan ejercer libremente se necesita ejecutar políticas públicas, asignar presupuesto y tomar la decisión de hacer lo que la ley manda […]”

Si bien el Gobierno de la Ciudad todavía puede apelar – lo que demostraría una vez más lo poco que le importa el cumplimiento de la ley y su obligación de garantizar el derecho a la educación a los niños/as con dificultades motrices-, sin duda este precedente significa un gran avance en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, pues exige el diseño de políticas públicas tendientes a garantizar condiciones de accesibilidad para que todo niño, independientemente de su condición física, pueda acceder a la educación, contribuyendo a la construcción de una sociedad inclusiva, que respete y valorice la diversidad humana.

Exigir que la ley se cumpla, de nosotros depende.